Detrás de la erradicación manual forzada de coca

 En el actual Gobierno hay una descoordinación entre las políticas de sustitución y la erradicación, dado que no se da una alternativa, sino que se realiza una reducción de los cultivos a través del uso desmedido de la fuerza.

Imagen tomada de https://bit.ly/33YaMPH

En el 2016, con la firma del Acuerdo de Paz, se gestó un nuevo plan de manejo ambiental que permitiera eliminar la mayor cantidad de cultivos ilícitos, dejando en el pasado la fumigación aérea, la cual había sido criticada por el uso del glifosato y su alto nivel cancerígeno y de contaminación en fuentes hídricas (aún se hace uso de glifosato). Además, se desarrollaron pautas de trabajo para llegar a un acuerdo agropecuario que favoreciese la sustitución de los cultivos, principalmente, pensando en las comunidades dedicadas a dicha labor. Lamentablemente, con el fin de ciclo de Santos, los mecanismos adoptados por Iván Duque para la erradicación, si bien se conservan de forma manual, han implicado una violación en materia de derechos humanos.

La erradicación manual forzada ha sido catalogada por parte de las comunidades como una acción injusta y violatoria de lo estipulado inicialmente con el Gobierno, ya que se hace uso de fuerza y estrategia militar para recuperar los terrenos, sin un acompañamiento adecuado de sustitución para los campesinos. A partir de ello, el Comité Regional Indígena del Cauca, como vocero de varias comunidades violentadas, han pedido que se desmonte la erradicación y que se ejerza un proceso de control territorial acorde con lo estipulado en la Ley, que no viole la autonomía indígena ni que afecte la economía propia. 

De acuerdo con Pedro Arenas y Ricardo Vargas [1], investigadores en el área, en el actual Gobierno hay una descoordinación entre las políticas de sustitución y la erradicación, dado que no se da una alternativa, sino que se realiza una reducción de los cultivos a través del uso desmedido de la fuerza. Dichas acciones se resumen en un combate entre campesinos – indígenas y fuerzas militares (Ejército y Policía), desarrollando así el imaginario de una política de Estado violenta, que empieza a asociarse con los actos de desobediencia civil que se han vivido en los últimos meses a lo largo del territorio colombiano. 

Con el fin de desarrollar una erradicación sustentada en la seguridad y el desarrollo, el CRIC ha exigido que se controlen las acciones de erradicación violenta, como de un acompañamiento por parte del Estado que cumpla con lo establecido a nivel de seguridad, economía y control de la fuerza pública; además, exigen que dentro de las estrategias se les permita participar, dado que, se ha construido un papel alrededor de estos vinculados a la criminalización y los grupos armados en el control de los cultivos ilícitos. El garante de las exigencias por parte del CRIC se debe a la violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares, y la posible reactivación de una guerra por el territorio; implicando con ello desplazamientos forzados, muertes, violaciones, etc.

A partir de los actos de protestas que se han manifestado para el cumplimiento de las exigencias, se ha creado un ambiente tenso donde las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP) han tomado una posición de defensiva del territorio, por lo cual, se ha desarrollado un combate al fuego que pone en peligro a la población civil campesina e indígena. De esta manera, es necesario que el Estado desarrolle estrategias de seguridad acordes con la realidad que se vive en el territorio, como el cumplimiento de los procesos de sustitución de tierras; dado que las actividades que se realizan hoy en día denotan patrones de violencia como los vividos antes del acuerdo de paz.

Finalmente, las acciones del Estado, asociadas con las protestas y la erradicación de cultivos, deben replantearse y orientarse con el fin de crear medidas macroeconómicas que sirvan como apoyo para la población campesina e indígena. Por otro lado, la opción de militarizar los territorios solo crea tensiones de orden local, que afecta la esperanza de la población civil de vivir en un ambiente de paz.  

 

[1] Arenas, Pedro, y R. Vargas. «Erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y derechos humanos.» Transnational Institute, Julio 2020.

 

Mijael Ángel Montáñez Pardo

About the author

Mijael Ángel es lingüista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencias Antropológicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. @Dilbilimci_MM